El pasado 25 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la granja porcícola Pecuaria Peninsular ubicada en Santa María Chi, Yucatán, por no haber demostrado autorización para descargar aguas residuales. La empresa propietaria, Grupo Porcícola San Gerardo, había presentado previamente un permiso a nombre de una razón social ajena y podría reanudar sus actividades si corrige esa irregularidad, ya que a pesar de que la clausura es total, también fue emitida con carácter temporal.
Esta no es la primera suspensión a granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Hay registro de procesos legales de al menos diez comunidades mayas como parte de su prolongada oposición a esta industria, debido a las afectaciones severas que han reportado en la calidad del agua y aire, su salud y la autonomía de sus pueblos.
El contexto
La actividad porcícola ha crecido significativamente en el estado de Yucatán en recientes décadas, y con ello, el rechazo de la población, pues se ha documentado que la contaminación que genera es seis veces mayor a la producida por los habitantes de la entidad y que 143 de las granjas de la región están en áreas protegidas.
La empresa Kekén, que se encuentra entre las 20 mayores productoras de carne de cerdo a nivel mundial, es una de las que más se ha expandido en la región. Según datos recabados por Jaltún, sus instalaciones y las de sus proveedores concentran las cinco granjas con mayor cantidad de cerdos en el área. Cada una alberga un promedio de 45,000 animales.
La resistencia en la región
Sitilpech es una de las localidades que registran más de una década de oposición a la industria porcícola. Su colectivo “La Esperanza de Sitilpech” impuso un juicio de amparo en 2021 para exigir el cierre de una granja cuyas operaciones fueron temporalmente suspendidas en junio de 2022, pero fueron reanudadas nueve meses después. Los pobladores se manifestaron en contra de esta decisión pero fueron violentamente reprimidos.
En Chapab se presentó un amparo contra una instalación con 48,000 cerdos edificada en 2017, cuya resolución final en 2021 permitió a la empresa continuar con sus actividades. Los locales han seguido buscando que las autoridades atiendan sus demandas y en 2024 solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atienda su juicio de amparo y realice una consulta indígena para decidir sobre la permanencia de las granjas en el territorio, pero hasta el momento no ha ocurrido.
Kinchil es otra comunidad que no ha conseguido deshacerse de las mega granjas, a pesar de haberlas rechazado en una consulta popular, presentar denuncias en Profepa y emprender un juicio administrativo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán por su negligencia ante el daño ambiental ocasionado. Así lo expone un reporte titulado Extractivismo y cambio de uso de suelo en la Península de Yucatán, realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Kanan Derechos Humanos, asociación civil que ha acompañado a las comunidades en varios de sus casos legales.
Homún es probablemente el mayor caso de éxito para los pobladores de la península, quienes en 2024 no solo lograron el cierre definitivo de una granja en su localidad, sino también una sentencia que requiere que cualquier empresa que busque construir nuevas instalaciones en un pueblo indígena cumpla con una consulta previa.
Antes de la reciente clausura de la granja Pecuaria Peninsular, los residentes de Santa María Chi ya habían interpuesto una serie de amparos, pues manifestaron que lo que empezó a una escala menor, gradualmente se convirtió en una mega granja que criaba miles de cerdos para venderlos a la empresa Kekén. Denunciaron que las aguas residuales de esas instalaciones eran desechadas sin mayor procesamiento y que en los terrenos de la granja se quemaba excremento de cerdo que generaba humo tóxico, lo que les causó enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cutáneas.
La confirmación del daño
En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) generó el exhaustivo Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán para conocer sus implicaciones ambientales en el territorio.
El documento analiza 507 granjas porcícolas en 87 municipios de Yucatán y concluye cinco principales impactos que respaldan lo que los residentes han reportado por años:
- Altas concentraciones de nitrógeno y fósforo que disminuyen el oxígeno en el agua
- Infiltración de nitratos y patógenos contaminantes de agua y suelo
- Exceso de metales pesados que dañan la fertilidad del suelo
- Emisión de metano, amonio y otros gases contaminantes a la atmósfera
- Mala disposición de cadáveres de animales
La institución emitió las siguientes recomendaciones:
- No otorgar más permisos para instaurar granjas porcícolas en 13 municipios
- Llevar a cabo un proceso de desinfección del agua
- Implementar un plan de monitoreo de emisiones
- Reducir densidad de cerdos por hectárea en Muna, Conkal y Cacalchén
- Verificar sistemas de tratamiento de aguas residuales
Las recomendaciones de SEMARNAT no generan obligación para ser implementadas por ningún ente. Sin embargo, es probable que el reporte haya influido en las multas que Profepa emitió en 2024 a 26 granjas porcinas en la Península de Yucatán por quebrantar leyes ambientales.
En contraste con el creciente consenso internacional sobre la insostenibilidad de esa industria, la Presidenta Claudia Sheinbaum pareció descartar el año pasado la posibilidad de cerrar granjas en Yucatán, argumentando que “Hay tecnología para evitar la contaminación”.
Por su parte, la Comisaría Santa María Chi pidió difusión y apoyo ante el cierre de la granja Pecuaria Peninsular, pues consideran que podrían mandar a los cerdos a zonas aledañas a su comunidad como Petac, Texán Cámara o la reserva ecológica de Cuxtal, una área natural protegida al sur de Mérida.
